Las viviendas en alquiler social suelen ser gestionadas por entidades públicas, como los gobiernos locales o regionales, o por organizaciones sin fines de lucro. Estas entidades son responsables de establecer los requisitos de elegibilidad y asignar las viviendas a los solicitantes que cumplan con los criterios establecidos.
Leganés necesita vivienda social
En estos momentos la absoluta carencia de vivienda social en alquiler es un problema nacional que llega a las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos al ser estas las administraciones con competencias en la materia. Sin embargo, tener las competencias no asegura tener las ganas de acometer proyectos sociales y mucho menos los recursos. Deben ser los propios vecinos los que empujen a sus alcaldes para lograr que sus municipios y comunidades autónomas se doten de la necesaria vivienda social.
Los criterios de elegibilidad para acceder a una vivienda en alquiler social varían según el país y la región. En general, se suelen tener en cuenta factores como los ingresos familiares, el número de miembros en el hogar, las condiciones de vivienda actuales y la situación socioeconómica.
Han sido los vecinos de Leganés los que han alertado de una situación que parece no ser la óptima para lograr esta necesaria vivienda social y FACUA Madrid, a través de su delegación local, quien ha instado al Ayuntamiento de Leganés a que apueste de una forma clara y efectiva por desarrollar un verdadero parque de viviendas públicas destinadas a las personas con menores recursos.
Dudas vecinales sobre la vivienda social en Leganés
La asociación ha tenido conocimiento que el consistorio local aprobó un proyecto urbanístico para la construcción de 668 viviendas en el municipio, de las cuales 318 serían de alquiler y 350 para venta, con una inversión de 78.356.690 euros, ubicadas en los barrios de Solagua, Poza del Agua y Puerta de Fuenlabrada. La financiación de dicho proyecto, en un principio, se realizaría mediante el endeudamiento de su Empresa Municipal del Suelo (Emsule) con una duración de 25 años.
Pero en el caso de las viviendas de Puerta de Fuenlabrada, el Ayuntamiento de Leganés aprobó más tarde que la financiación se diese mediante la cesión gratuita por parte del municipio de tres parcelas de Poza de Agua a Emsule, para que éste último pudiera vender los terrenos a empresas privadas y que con el resultado de esas ventas se lleve adelante el proyecto.
Aunque desde el consistorio local aseguran que el régimen del proyecto sería como el de una vivienda de protección pública, sin embargo, según la información denunciada por la ciudadanía de Leganés y representantes políticos, indican que el proyecto no contempla una verdadera vivienda social.
Quejas vecinales por la ausencia de vivienda social en alquiler
Ante ello, FACUA Madrid se une a las quejas vecinales y sociales que muestran su preocupación por esta forma de financiación que supondría el traspaso de terrenos públicos a manos privadas, además de que las viviendas tendrían precios inaccesibles y alejarían cada vez más a los vecinos del municipio de la posibilidad de acceder a una casa propia o en alquiler a un precio razonable.
Por ello, ha solicitado que se reconsidere la forma en que se está llevando a cabo este proyecto inmobiliario para que efectivamente contribuya a una mejora habitacional del sector y se apueste por un verdadero parque público.
Falta de transparencia en la promoción de la vivienda
Además, la asociación muestra su preocupación en relación a la falta de publicación de las respectivas actas de las sesiones del Emsule, que impide tener conocimiento de las reuniones y decisiones que adopta el órgano y afecta así a la transparencia que debe estar presente en todo organismo público. Por ello, FACUA Madrid ha recordado que el actual gobierno adoptó el compromiso de hacer públicos dichos documentos, que hasta la fecha no aparecen en su portal de transparencia.
