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La protección a las empresas frente a los consumidores se acaba

La protección a las empresas frente a los consumidores se acaba

Como es casi normal en este entorno que deifica a las empresas frente a sus clientes, existen casos en los que algunas empresas pueden abusar de los consumidores. Estas pr√°cticas pueden variar y abarcar desde publicidad enga√Īosa hasta productos defectuosos, mal servicio al cliente o cl√°usulas abusivas en contratos. El mayor problema es que las denuncias, de prosperar, quedan silenciadas por unas administraciones m√°s dirigidas a defender las empresas y sus intereses, que mal identifican con el inter√©s general, que a los millones de consumidores a los que de verdad se deben.

Empresas que viven del fraude

Es importante se√Īalar que estas pr√°cticas abusivas no representan a todas las empresas y que existen muchas empresas √©ticas y responsables que tratan a los consumidores de manera justa y transparente. Sin embargo, para conseguir que cunda el ejemplo y que no queden debilitados frente a una competencia desleal, es fundamental que los consumidores est√©n informados y sean conscientes de sus derechos para poder identificar y evitar posibles abuso y que las administraciones sancionen a las empresas que act√ļan fuera de toda √©tica y ley y que se informa a los consumidores para que puedan evitarlas.

Pero estas administraciones en todos sus niveles llevan décadas ocultando qué hacen con las denuncias que presentan las asociaciones de consumidores como FACUA contra las empresas que cometen fraudes. Ahora se va a ver obligadas a contarlo.

La opacidad de las administraciones se va a acabar

El Defensor del Pueblo se ha hecho eco de las reiteradas quejas de FACUA y convenció al Ministerio de Consumo para introducir un cambio de calado en la ley de defensa de los consumidores. Un cambio por el que ahora, basta con que las asociaciones de consumidores tengamos un socio afectado por una irregularidad sobre la que exista un expediente sancionador para que la autoridad competente tenga no solo que informarnos, sino también que admitirnos como parte interesada en el procedimiento.

Las autoridades de protección a los consumidores de las comunidades autónomas y los ayuntamientos ya no pueden continuar con su tradicional opacidad. Una opacidad con la que históricamente no han hecho más que trasladarnos el mensaje de que les preocupaba más proteger los intereses del defraudador que los de los defraudados.

Como si no quisieran que ninguna víctima de las irregularidades que habían provocado un expediente sancionador pudiese conocer de su existencia y reclamar también sus derechos. O como si tuvieran miedo de que la empresa en cuestión pudiera enfadarse porque se airearan sus prácticas ilícitas.

Y esa falta de transparencia la hemos padecido tanto con gobiernos de izquierdas como de derechas, tanto con partidos estatales como regionalistas o nacionalistas. Salvo, eso s√≠, alguna honrosa y aislada excepci√≥n. La de Baleares, en las dos √ļltimas legislaturas.

Políticos apocados e irresponsables dando la orden de silenciar el trabajo de sus funcionarios frente a los fraudes. Dando incluso la orden de minimizar las sanciones o de guardar los expedientes en un cajón para que terminen archivándose porque prescriba el plazo para sacarlos adelante.

Hasta ahora han conseguido evitar que supiésemos qué había detrás de la falta de respuesta a nuestras denuncias contra prácticas que en muchos casos han supuesto el robo de muchos millones de euros a muchos millones de consumidores. Han conseguido evitar que recurriésemos el archivo de expedientes que ni siquiera sabíamos que existían o la imposición de multas ridículas por prácticas gravísimas.

Casos de fraudes empresariales m√°s generalizados

Publicidad enga√Īosa

Algunas empresas pueden utilizar t√©cnicas de marketing enga√Īosas para atraer a los consumidores, prometiendo caracter√≠sticas o beneficios que no cumplen. Esto puede incluir informaci√≥n falsa sobre el producto o servicio, precios ocultos o condiciones enga√Īosas.

Ventas agresivas.

Otras empresas emplean tácticas de venta agresivas, presionando a los consumidores para que compren productos o servicios que no desean o necesitan. Esto puede incluir llamadas telefónicas persistentes, visitas no solicitadas o técnicas de persuasión manipuladoras.

Prácticas de facturación injustas.

También están las sociedades que pueden aplicar cargos o tarifas ocultas, facturación excesiva o aumentos de precios sin previo aviso. Esto puede confundir a los consumidores y hacerles pagar más de lo esperado por un producto o servicio.

Productos o servicios defectuosos.

Algunas empresas pueden vender productos o servicios de baja calidad, defectuosos o que no cumplen con las especificaciones prometidas. Esto puede poner en riesgo la seguridad de los consumidores y generar pérdidas económicas.

Mal servicio al cliente.

También hay que destacar las empresas que proporcionan un servicio al cliente deficiente, ignorando las quejas o problemas de los consumidores, dificultando las devoluciones o reembolsos, o no brindando soluciones satisfactorias ante situaciones problemáticas.

Un cambio legal que traer√° cambios

No podemos decir que eso se acabó. Porque, seamos realistas, las asociaciones de consumidores no tienen la capacidad de actuar ante todas las prácticas ilícitas que cometen todas las grandes empresas. Y tampoco la capacidad de personarse en todos los expedientes abiertos por fraudes masivos por todas las administraciones de consumo.

Pero ese cambio legal que han logrado tras a√Īos y a√Īos de reivindicaciones va a provocar un antes y un despu√©s en la protecci√≥n de los consumidores en Espa√Īa. Esa obligaci√≥n de transparencia y ese reconocimiento al papel que est√°n llamadas a desempe√Īar las asociaciones que defienden tus derechos va a dar lugar, poco a poco, a cambios importantes.

Entre ellos, algo tan importante como que podamos enterarnos de más cosas que, vete a saber por qué, no quieren que sepas.

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